Los nuevos regidores de Higüey cometieron su primer error.

Los nuevos miembros del concejo municipal de Higüey en su primera sesión de trabajo como funcionarios electos de la ciudad cometieron un error, que aspiro les sirva de experiencia para las próximas decisiones que deberán tomar.

Los regidores aprobaron a “unanimidad” una declaratoria de emergencia del municipio, obviando que tal figura no existe en la ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.

Ese tipo de acción no es nueva en el concejo municipal de Higüey. En una oportunidad los pasados ediles declararon “Persona no Grata” al diputado por La Romana Wandy Batista, sin esa figura existir en la legislación dominicana.[ad id=»11330″]

El artículo no. 60 de la ley 176-07 en el numeral 27 establece entre el desempeño y funciones del sindico (alcalde) lo siguiente:

“Adoptar, en caso de catástrofe o infortunios públicos o graves riesgos, las medidas necesarias urgentes y adecuadas, informando las mismas al concejo municipal en la primera sesión que se celebre”

Es decir, que los regidores no pueden decretar  “estado de emergencia un municipio” sino que, el alcalde en caso que sea urgente puede tomar acciones que no puedan esperar, pero luego debe ir al concejo a explicar en detalles las decisiones que tomó. [ad id=»11330″]

Además de un error, los nuevos regidores con la “declaratoria de emergencia” están dejando de lado las obligaciones que le confiere la ley municipal que son estrictamente normativas y de fiscalización.

El artículo 52 de la ley 176-07 establece la definición y atribuciones de los regidores

“El concejo municipal es el órgano colegiado del ayuntamiento, su rol es estrictamente normativo y de fiscalización, en modo alguno ejerce labores administrativas y ejecutivas”

El acápite J de este artículo da facultad a los concejales para “la aprobación de los egresos en los asuntos que no estén previstos en el presupuesto”.

¿Para que desea el alcalde una declaratoria de emergencia que no está en la ley?

Hasta el momento de esta publicación no conozco algún servicio o producto que necesite el ayuntamiento de Higüey que esté en escasez o que haya que comprarlo fuera del país. Mucho menos que deban ser adquirido de emergencia.

Por el estado de confinamiento en que estamos sometidos  por el coronavirus COVID 19, supongo que los regidores no están saliendo del país, mucho menos de la ciudad, es decir que deben están prestos para reunirse en cualquier momento que la ciudad lo necesite.

El error de los nuevos ediles es mayor sin tomamos en cuenta que la gestión que asumió este 24 de abril no tiene presupuesto, en virtud de que no fue aprobado en el plazo establecido en la ley 176-07.

El artículo 327 de la ley municipal establece:

“La aprobación definitiva del presupuesto municipal por el concejo municipal habrá de realizarse antes del día 31 de diciembre del año anterior al que deba aplicarse”

Es decir que el presupuesto del ayuntamiento de Higüey de este año debió ser sancionado más tardar el 31 de diciembre de 2019 y no se hizo.

Y aunque en la sesión del pasado 8 de abril al final de su gestión los pasados regidores informaron la aprobación del presupuesto municipal, el mismo no es válido, porque viola la ley.

El artículo 329 de la ley municipal lo aclara:

“El presupuesto entrara en vigor una vez aprobado definitivamente, el primero de enero del año correspondiente”

“Si al iniciarse el año no hubiese entrado en vigor el presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior, con sus créditos iniciales, sin perjuicio de las modificaciones que se le realicen y hasta la entrada en vigor del nuevo presupuesto. La prórroga no afectara a los créditos para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o que estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o afectados”.

Es decir que sin importar la “declaratoria de emergencia” al no tener presupuesto para el año en curso, el alcalde debe ir permanentemente ante los concejales a pedir re-estimación de los ingresos, para cualquier iniciativa nueva.

Los nuevos concejales tienen un buen momento de desempeñar sus funciones de fiscalizadores, sino lo hacen, acogiéndose a un “estado de emergencia” y que no existe en la ley que  regula su función estarían cometiendo otro error.

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