
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, se quejó de la sentencia que no le impuso prisión preventiva contra el senador Amable Aristy Castro, quien afirma cometió un desfalco millonario.
“Estamos hablando de un desfalco millonario del dinero de los bolsillos de los dominicanos y no podemos permitir que sigamos viviendo un estado de impunidad en el sistema de justicia de nuestro país”, expresó Domínguez Brito.
De acuerdo con el titular del Ministerio Público las auditorías practicadas a la gestión del senador en la LMD reflejan la distribución de más de mil millones de pesos en beneficio de personas allegadas a Aristy Castro y gastos injustificados no permitidos por la ley.
La Procuraduría acusa a Amable Aristy Castro del mal manejo de fondos públicos como secretario general de la Liga Municipal Dominicana donde el hoy senador permaneció por los años 1999 hasta el 2010
Las conclusiones la Procuraduría contra el senador se basan en el informe de la Cámara de Cuentas, sobre todo en las auditorías realizadas a las cuentas bancarias de la LMD en los períodos primero de enero al 31 de diciembre del 2006 y el 2009.
Domínguez Brito insiste en que las auditorías practicadas en los años 2006 y 2009 reflejan la malversación que los mil millones de pesos fueron utilizados de manera irregular en el manejo de publicidad inadecuada, nominas de ayudas a personal fijo por más de 149 millones de pesos, dinero que se distribuía a mil 710 beneficiados y relacionados de Amable en Higuey, con asignaciones de 20 mil y 22 mil pesos cada uno.
Otras irregularidades que señala el Procurador se produjeron en la administración de Amable en la Liga Municipal son gastos médicos de 2 millones de pesos a un familiar, gastos en la compra del helicóptero valorado en más de 900 mil dólares, gastos operacionales del mismo de casi 9 millones de pesos, uso por encima de lo estipulado de caja chica, pago no previsto de la ley por concepto de dieta a los miembros del consejo, quienes recibían pagos mensuales con la constancia de que sus miembros solo sesionaron en tres ocasiones, entre otras.
Ante todas estas irregularidades Domínguez Brito insiste en que la Suprema Corte de Justicia debió imponerle la prisión preventiva al legislador hasta tanto dure el proceso de investigación, tal y como lo establece el artículo 227 del Código Procesal Penal y que el senador representa “serios indicios de fuga”.
Este jueves, 13 de diciembre, el juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Moscoso Segarra, rechazó la solicitud de prisión preventiva que habría solicitado el Procurador General de la República contra el senador.
La Procuraduría acusa a Amable Aristy Castro del mal manejo de fondos públicos como secretario general de la Liga Municipal Dominicana donde el hoy senador permaneció por los años 1999 hasta el 2010.